El Gobierno saliente de las próximas elecciones del 10 de noviembre (si consiguen ponerse de acuerdo para gobernar), va a tener que enfrentarse a una serie retos provenientes del campo de la ciberseguridad.

No menos importante es el ámbito del 5G, en el que la Unión Europea se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por sus homólogos estadounidenses para adoptar una posición hostil contra las nuevas tecnologías que provienen de los países asiáticos.

En toda Europa, siguiendo una recomendación de la Comisión para un enfoque común de la seguridad de ese tipo de redes, los Estados miembros han presentado recientemente evaluaciones de riesgos nacionales, proporcionando una visión general de sus preocupaciones más urgentes en el desarrollo futuro de la infraestructura 5G. Estas evaluaciones se incorporarán a la siguiente fase, una evaluación de riesgos en toda la Unión, que se completará antes del 1 de octubre de 2019. Esto, según la Comisión, será el primer paso para implementar una estrategia de seguridad cibernética real en la UE.

Pero ¿qué tan importante es eso para los usuarios y consumidores de a pie? No hace mucho tiempo escuchábamos las noticias sobre vendedores de países no muy liberales involucrados en escándalos como el de las puertas traseras en la red de fibra de Vodafone Italia proporcionada por Huawei.

Estamos mutando hacia una sociedad en la que los dispositivos conectados serán parte de nuestra vida cotidiana (y en gran medida ya lo son): desde luces hasta cerraduras inteligentes para el hogar y automóviles conectados. Es lo que se conoce como IoT (Internet of Things o internet de las cosas en español). Y la privacidad y la seguridad de la red serán todavía más fundamentales para la vida cotidiana de los consumidores.

Según una investigación realizada por Berg Insight, a finales de 2017 había un total de 22,5 millones de hogares inteligentes en Europa. Sin embargo, pronosticaron que este número aumentaría a 84 millones a fines de 2022, lo que representa una penetración en el mercado del 35%. A este número, además, hay que agregarle los 45 millones de hogares inteligentes que había en Estados Unidos a fines de 2017.

Los consumidores desean confiar en su proveedor de red para mantener lo que sucede dentro de sus edificios inteligentes en privado y almacenado de forma segura. Por esta razón, la seguridad debe ser una característica definitoria de los estándares y normas que rigen la cadena de suministro global de las TIC, así como las piezas individuales de software y hardware de las que dependen las empresas y los consumidores. Y la inacción gubernamental en esta materia arriesga la capacidad de ejercer una elección informada en los productos y servicios críticos de 5G y otras TIC.

Algunos de los Estados miembros más grandes de la UE, como Alemania, Italia e incluso España, han utilizado las subastas de licencias de uso de espectro como una fuente de ingresos para sus presupuestos nacionales. Esto ha llevado a la consecuencia no deseada de que muchos operadores tengan problemas de liquidez y tiendan a buscar el proveedor más barato y menos fiable. Esto nos ha traído una dependencia tóxica de muy pocos proveedores, algunos de los cuales operan con motivaciones cuestionables.

Si el próximo Gobierno quiere tener éxito asegurando el ecosistema digital, debe coordinar los estándares técnicos para la interoperabilidad, así como las soluciones de código abierto más fiables, y promover un entorno basado en la transparencia y la confianza en el que se implementen reglas de responsabilidad para operadores y compañías que revenden software y dispositivos que exponen a los consumidores al riesgo de interferencias maliciosas e ilegales. Esta es la única forma de proteger a los consumidores, promover la innovación y fomentar vidas digitales seguras.

 

Por Luca Bertoletti 

Fuente: https://www.juandemariana.org/