A través de una orden ejecutiva firmada el lunes 28 de enero del presente año,  el presidente Donald Trump agregó una subsección a las órdenes ejecutivas, donde incluye al Gobierno de Venezuela y a cualquier subdivisión política o agencia de esta entidad, incluyendo al Banco Central de Venezuela, PDVSA y a cualquier persona que “hubiese actuado directa o indirectamente en representación del régimen de Maduro”, como sujeto de sanciones.

Según el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, las sanciones fueron implementadas para evitar más desvíos de fondos por parte del régimen de Maduro. Sostuvo que los fondos y pagos de Estados Unidos por petróleo venezolano irían a cuentas congeladas a las que no tendría acceso el régimen de Nicolás Maduro. Agregó además que “utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó”.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) publicó siete nuevas licencias que delinean las acciones autorizadas y prohibidas con respecto a Venezuela. Estas licencias señalan que:

  1. No se podrá exportar o reexportar diluyentes desde Estados Unidos ni por ciudadanos americanos a Venezuela.
  2. No se permitirá la venta de deuda relacionada con PDVSA ni la compra o inversión en deuda de PDVSA.
  3. No se permitirá la venta o reventa comercial ni la transferencia o exportación de productos petroleros refinados.
  4. No se permitirá vender o transferir deuda, acciones, participación u otras propiedades de las entidades sancionadas.
  5. No se podrán exportar diluyentes de Estados Unidos a Venezuela, a PDVSA ni a ninguna entidad que sea propiedad directa o indirecta del Gobierno.
  6. No se permitirán transacciones con ALBA (ALBANISA) o con cualquier entidad propiedad directa o indirecta de ALBANISA.
  7. No se permitirá exportar bienes, servicios ni tecnologías por parte de estadounidenses desde ningún lugar a PDVSA o a entidades propiedad de PDVSA, con la excepción temporal de CITGO.

Tras considerar ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del presente, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que incrementa las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. La medida prohíbe a los bancos, empresas, particulares y en general a cualquier entidad de Estados Unidos participar en una serie de operaciones que permitan financiar a corto plazo al Gobierno venezolano, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y al Banco Central de Venezuela. Con las nuevas sanciones al Gobierno venezolano y todos sus organismos les resulta imposible vender sus cuentas por cobrar o entregarlas como garantía.  Un efecto inmediato es que PDVSA tenga que pagar de contado el diluyente necesario para el procesamiento y transporte del crudo pesado de la Faja del Orinoco, que antes se producía en el país. Esto obliga a la empresa a buscar proveedores distintos a Estados Unidos.

Un primer efecto de las sanciones es que no solo impiden operar con bancos y empresas de ese país, sino que las empresas y bancos que operan en Estados Unidos no van a sacrificar un mercado tan vital para ellos corriendo graves riesgos al hacer transacciones con Venezuela.

Adicionalmente, hay que considerar que a pesar del odio manifiesto del régimen venezolano al “imperio norteamericano”, el 80% del flujo de caja de (PDVSA) viene de Estados Unidos. Este es un golpe severo porque aunque puede vender petróleo a otros países sería más costoso y tendría que ofrecer descuentos.

Sin embargo, hay que destacar que el Departamento del Tesoro publicó el martes 6 de agosto las licencias generales que crean excepciones a la orden ejecutiva que bloquea propiedades al Gobierno de Venezuela, lo que ha liberado transacciones que tengan que ver con compra de comida, ropa y medicina que se utilice con la intención de aliviar el sufrimiento humano.

Como era de esperar, muchos países se han abstenido de hacer transacciones con el Gobierno de Venezuela. Por ejemplo, la Unión Europea, aunque ha sido calificada de moderada en sus acciones contra el Gobierno de Maduro, ha sancionado a 18 personas del régimen que considera han incumplido principios democráticos. Un ejemplo ilustrativo del efecto de estas medidas es que el banco turco Ziraat Bank decidió cerrarle las puertas a Venezuela para evitar sanciones. Dentro de la misma cadena de reveses, de acuerdo con Bloomberg, la empresa petrolera estatal Petrochina canceló los planes de cargar cinco millones de barriles de petróleo venezolano, también para evitar sanciones internacionales.

Mientras tanto, el régimen de Maduro moviliza a la población para rechazar las sanciones que según su guerra propagandística “son responsables de todos los males de la economía venezolana y de las carencias de la población”. Sin embargo, el país luce abastecido después de varios años de escasez, pueden verse las farmacias llenas de medicinas y los supermercados surtidos de productos foráneos que desde hace mucho tiempo no veíamos; por supuesto, todos procedentes del imperio. Lo que no dice Maduro es que después de 20 años de revolución, de racionamiento y de subsidios, ahora la población, que había sido protegida celosamente de los “empresarios especuladores”, no puede adquirir los productos importados en una economía dolarizada, donde el único que paga el salario mínimo de un (1) dólar quincenal es el Gobierno, el resto de la economía entiende que con ese salario resulta difícil sobrevivir y paga salarios mucho más elevados, aunque también alejados del costo de la cesta  básica.

Las sanciones hasta ahora no han persuadido al régimen a negociar su salida. Sin embargo, luce acorralado y con escasos fondos para repartir entre su clientela. Una vez agotada la negociación de Barbados queda pendiente la promesa de Trump de que no se descarta nada y todas las opciones están sobre la mesa.

 

Fuente: https://www.juandemariana.org/