La propiedad es la pieza fundamental de una sociedad de mercados libres. No es solo el derecho de cada quien a conservar lo suyo, sino también el derecho de cada individuo a disponer libremente de lo suyo. Sostiene el historiador Richard Pipes en su libro Propiedad y Libertad que la historia de todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más avanzada, revela la universalidad de los derechos de propiedad y el fracaso de todos los intentos de establecer una sociedad sin propiedad, ya sea voluntariamente o por la fuerza. Dice Pipes que no ha existido nunca una sociedad sin propiedad y que la visión de un mundo sin propiedad encuentra su fundamento no en la memoria colectiva sino en el deseo colectivo.

Las primeras elaboraciones teóricas sobre la propiedad se encuentran en La República de Platón. Su objetivo era diseñar un orden social en el que la élite dominante no se dejara llevar por el egoísmo, sino que se dedicara por entero al bienestar público. Para lograrlo se le retiraban sus pertenencias. Platón consideraba que la virtud y la propiedad eran incompatibles. En cambio Aristóteles sostenía  que nadie cuidaba adecuadamente los objetos que no son suyos y rechaza el planteamiento de Platón de que la propiedad común elimina la discordia social. Además decía Aristóteles, los individuos alcanzan un nivel moral superior al darles la propiedad la oportunidad de ser generosos.

Contra la tesis de filósofos como Proudhon y Carlos Marx, quienes sostuvieron que la propiedad era ilegítima, ha escrito el filósofo Antonio Escohotado en los tres tomos de Los Enemigos del Comercio y demuestra que los comunistas a lo largo de la historia fundamentan su odio hacia el sistema capitalista al sostener que la propiedad es un robo y el comercio su instrumento.

Para los liberales clásicos se debe defender que cada quien tenga la libertad de elegir lo que más cree que le conviene, y eso pasa por una defensa absoluta de la propiedad privada. Además de ser moral, este es el sistema que más prosperidad ha generado a lo largo de la historia, al contrario que las distintas formas de colectivismo radical como el comunismo o el fascismo, que siempre ha tenido una obsesión con la propiedad privada y se empeñan en abolirla con los nefastos resultados por todos conocidos.

Donde ha habido libertad para que las empresas proliferen en competencia se crea riqueza, abundancia de artículos cada vez de mejor calidad, atendiendo los gustos de los consumidores y satisfaciendo la diversidad de la naturaleza humana.

Pero los socialistas, comunistas y demás defensores del intervencionismo se niegan a reconocer que solo mediante la conservación del fruto de su trabajo un individuo puede salir de la pobreza. Esta ha sido históricamente una de las causas de la riqueza de las naciones, pero también ha sido causa de su empobrecimiento cuando los regímenes contrarios al derecho de propiedad destruyen y niegan este derecho.

Uno de los casos más recientes de despojo del derecho de propiedad ha sido el acometido por el régimen chavista en Venezuela, en nombre del Socialismo del siglo XXI. En este país se ha invadido descaradamente todas las esferas privadas, tales como la producción de alimentos, energía, banca, medicina, cultura, medios de comunicación, etc., mediante expropiaciones y confiscaciones forzosas de las empresas a través de una serie de medidas arbitrarias en arreglos fraudulentos en tribunales y demás instituciones acondicionadas para ese fin.

En su libro El expediente del chavismo, el periodista y politólogo Fermín Lárez realiza una detallada cronología de los atentados del régimen contra la propiedad privada en el país. Sostiene que desde 2002 hasta 2014 fueron intervenidas 1.300 empresas, como la estatización de la telefónica CANTV, la Electricidad de Caracas, el Banco de Venezuela, las cementeras Holcim y CEMEX, para luego arremeter y abarcar cualquier tipo de actividad económica, desde una simple venta de arepas hasta a la finca ganadera del político y exgobernador de Caracas Diego Arria, a quien le fue expropiada su finca, sin derecho a indemnización, bajo el argumento del ministro de Agricultura de que las “vacas estaban mal alimentadas”.

Entre las condiciones que cercan a la actividad privada se crearon un conjunto de leyes tales como la Ley Especial Contra el Acaparamiento, que declara la utilidad pública e interés social de todos los bienes necesarios para la producción, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios.

El Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) llama la atención sobre las verdaderas intenciones del régimen, que consisten en eliminar la propiedad privada y sustituirla por propiedad estatal para convertir a sus enemigos políticos en un estado de dependencia y vulnerabilidad, al impedirles emprender actividades económicas, tener un patrimonio propio y empleos privados que no dependan del Gobierno. También implica no reconocer derechos de propiedad a sus seguidores políticos para que estos continúen siendo dependientes de su voluntad para subsistir.

Pero no solo se expropiaron centros industriales asociados a actividades “estratégicas”, tales como campos petroleros, industrias del acero, empresas arroceras, frigoríficos, centrales azucareras, productoras de café, fábricas de papel, toma de puertos y aeropuertos, empresas metalúrgicas, fábricas de válvulas petroleras, plantas compresoras de gas, cadenas hoteleras, industrias lácteas, hipermercados, empresas de transporte náutico, etc., sino que el Estado arremetió también contra cualquier empresa o actividad económica, desde pequeños fundos ganaderos hasta expendios de alimentos que fueran sospechosos de violar el régimen de control de precios y demás leyes ajenas a la libertad de empresa.

El Gobierno, mientras tanto, sigue diciendo que el desabastecimiento y la destrucción del parque industrial del país es culpa de la guerra económica por parte del sector privado. Pero al echar un vistazo a las empresas expropiadas por el Ejecutivo, desde la administración de Hugo Chávez se evidencia un fracaso absoluto en el plan estatalizador. Ninguna de las empresas estatales ha logrado satisfacer la demanda nacional. La llamada economía de puertos no ha cesado de crecer y cuando lo ha hecho ha sido por falta de divisas para continuar sustituyendo los productos que antes se producían en el país y que en algunos casos se exportaban al resto del continente.

La escasez y el desabastecimiento son generados por los ataques a la propiedad y por las expropiaciones. Casi la totalidad de las empresas que fueron tomadas por el Gobierno están abandonadas, saqueadas y sus trabajadores despedidos o sobreviviendo del mísero salario mínimo que les ha fijado el régimen sin derecho a discusiones de contratos colectivos.

Una simple revisión de esta situación se puede ilustrar con el caso de las expropiaciones de las centrales azucareras, que trajeron el desabastecimiento y la inflación de este rubro. Igual ha sucedido con el café, la leche es cada vez más escasa desde que fueran intervenidas las empresas lácteas y la producción de huevos casi desaparece después de “rescatadas” las granjas avícolas. Se nacionalizaron taladros de producción petrolera, empresas de gas y empresas de servicios. Y ya solo se extrae la mitad del petróleo que se producía hace unos años. La producción de acero, una vez expropiada la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), desapareció  y solo se consigue en el mercado negro con precios inaccesibles que superan 10 o más veces el precio fijado por el Gobierno. Igual sucede con el cemento, una vez que fue “rescatado” de manos mexicanas y francesas hay que adquirirlo a mafias protegidas por el Gobierno. Los frigoríficos están cerrados. Los supermercados, antes plenamente abastecidos cuando eran privados, ahora son centros de venta de artículos de limpieza, solo abren sus puertas cuando llega algún transporte con mercancía regulada y su venta solo es posible a través de la correspondiente fila de desesperados consumidores. Más de cinco millones de hectáreas productivas fueron expropiadas, durante la llamada guerra contra el latifundio, la mayoría de las veces con apoyo de la fuerza militar, y no se conoce ningún bien agrícola o pecuario que este saliendo de las empresas  que antes estaban en manos privadas. El colapso de la producción ha sido tan alarmante que ya solo se satisface el 20% del consumo nacional. De nada sirvieron los operativos mediáticos que realizaron los distintos ministros de agricultura, portando pistolas y franelas del Che Guevara, para declarar la independencia alimentaria mientras arremetían contra los propietarios históricos de esos fundos.

La empresa agroindustrial antes conocida como Agroisleña, ahora Agropatria, propietaria de los mayores centros de distribución de productos del campo, productora de agroquímicos y propietaria de varios silos de almacenaje de granos, fue arrebatada a sus dueños y hasta la fecha no ha sido pagada. Por supuesto, ahora es una empresa quebrada mantenida por los subsidios gubernamentales y totalmente desabastecida.

Todavía está fresca en la memoria de los venezolanos la imagen de un Chávez arrogante que arropado y admirado por sus seguidores se paseaba por el centro histórico de Caracas y señalaba cada uno de los edificios que se le antojaba ese día arrebatar a sus dueños bajo la orden de “exprópiese”. Pero también está presente la frase de la diputada María Corina Machado cuando en  los salones del Congreso Nacional le dijo “expropiar es robar “.

 

Fuente: https://www.juandemariana.org/