El historiador Francis Fukuyama, en su libro La construcción de Estados, gobernabilidad y orden mundial en el siglo XXI, plantea que el mayor peligro para la comunidad internacional son los Estados débiles o fracasados, los cuales cada vez en mayor medida se caracterizan por violaciones de los derechos humanos, conflictos internos y externos, migraciones masivas y promoción del terrorismo internacional.

Los Estados débiles o fracasados, a los cuales se refiere Fukuyama, son conocidos también como Estados fallidos, los cuales se caracterizan por un marcado fracaso social, político y económico, con un Gobierno tan débil e ineficaz que tiene poco control sobre la totalidad de su territorio, con altos niveles de corrupción y criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Es un Estado con altos niveles de burocracia, ineficacia judicial y un alto grado de interferencia militar en la política.

Algunos estudiosos del tema hacen énfasis en que son Estados fallidos aquellos incapaces de suministrar los servicios básicos a la población, registran pérdida del uso legítimo de la fuerza y carecen de capacidad para interactuar con otros Estados como miembros de la comunidad internacional. Esta caracterización coincide con la elaborada por el centro de estudios estadounidense Fund for Peace, (Fondo por la Paz), que emite anualmente el Índice de Estados Fallidos (Failled States Index) que publica la revista Foreing Policy. Este índice incluye las siguientes variables sujetas a medición: presiones demográficas, agravios colectivos, desarrollo económico desigual y élites convertidas en facciones. Además, considera la fuga de cerebros, pobreza, declive económico, ausencia del estado de derecho y deterioro de servicios públicos.

En el aspecto político, según el FSI, en el Estado fallido se produce el colapso interno, el desmoronamiento total o parcial de las estructuras que garantizan la ley y el orden. En su informe de 2013, Venezuela fue calificada como un Estado en peligro de caer en esta calificación, en la cual se encuentran países como Somalia, Irak, Yemen, entre otros. Para 2018, se corrobora que Venezuela cayó más en el caos, con lo que pasó a ser uno de los países que más ha empeorado su situación, a pesar de que a nivel mundial la mayoría de los países mostró signos de mejora constante. Esto tiene su explicación en la “épica mala administración de Nicolás Maduro, que ha estrechado más su poder, cerrando el espacio civil y silenciando la oposición política, Venezuela ahora cuenta con la desafortunada distinción de ser el segundo país más frágil del hemisferio occidental, detrás de Haití”.

Vista esta definición y los indicadores que permiten calificar a un Estado como fallido, Venezuela reúne todas las características para ser ubicada en esta categoría. Una de las razones que justifican dicha calificación está constituida por la violación de los derechos humanos, la cual ha sido condenada y ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un informe titulado: “Democracia y derechos humanos en Venezuela”), en el que recoge hechos ocurridos desde 2009 hasta 2014, aun cuando posteriormente ha continuado produciendo informes y declaraciones. No puede ser de otra manera en un país con casi 30 mil muertes violentas por año, con un índice de impunidad judicial de 98%, con una tasa de 89 asesinatos por cada 100 mil habitantes y una masiva emigración que amenaza a los países vecinos. Las violaciones de derechos humanos también han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera reiterada. Es de destacar que los hechos violentos y las tragedias a veces pasan inadvertidas por la mayoría de los venezolanos que tienen que luchar día a día contra los males de la inseguridad, escasez de alimentos y medicinas y con unos medios de comunicación amenazados y acorralados donde impera la autocensura y la persecución judicial a dueños y periodistas, como en el suceso de la reciente muerte violenta de 68 personas durante un motín en los calabozos policiales del estado Carabobo, la cual fue calificada de masacre debido a que los reos no solo estaban quemados sino con tiros en la cabeza, pero tuvo escasa cobertura a nivel de medios públicos y privados.

En Venezuela, la policía, el poder judicial y otros órganos que sirven para mantener la ley y el orden o bien han dejado de existir o ya no tienen la capacidad de funcionar o en muchos casos se usan para fines diferentes a aquellos para los que se crearon.

En el país no existe separación de poderes y el Estado ha sido debidamente adecuado a los intereses del régimen chavista para mantener el control de la población y eternizarse en el poder. Las Fuerzas armadas han sido incorporadas a la administración pública y a la lucha partidista, y para congraciarse con ellos, el régimen hace la vista gorda ante el abuso y la violación de derechos humanos y ante las cada vez más evidentes relaciones del poder militar con el narcotráfico. En el plano económico el país se encuentra aquejado por males como la economía en recesión, la tasa de inflación más alta del mundo y un alto peso del servicio de la deuda en el presupuesto.

El diario español Abc publicó recientemente un artículo señalando que la Fiscalía de Estados Unidos determinó que el negocio de la droga cuenta con el aval de la presidencia de Venezuela. Por primera vez Estados Unidos ha apuntado a Nicolás Maduro como valedor de parte del tráfico de drogas que ha convertido a Venezuela en el gran mediador entre la producción de cocaína de Colombia y su traslado a los principales mercados consumidores. Para la Fiscalía las operaciones ilegales vinculadas al narcotráfico, por las cuales un juez condenó en Manhattan a los sobrinos de Maduro, contaban con el visto bueno presidencial. Esto abona las crecientes sospechas de que Venezuela es un narcoestado: un país en el que muchos de los principales dirigentes y autoridades civiles y militares utilizan los resortes administrativos para el tráfico de drogas. Son conocidos los informes de la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, donde se incluye al vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami en la lista de narcotraficantes especialmente designados, la cual fue “producto de varios años de investigación”. También es conocida la declaración del exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien dio a conocer en el libro Bumerán Chávez que el difunto expresidente había pactado con las FARC que la droga fuera sacada de Colombia vía Venezuela, arreglos donde estaba incluido Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen, quien también ha sido señalado por el diario italiano Corriere della Sera como un capo al mejor estilo de la mafia italiana; igualmente el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence acaba de calificar a Venezuela como un Estado fallido, cuyo colapso está afectando a las naciones vecinas. Si Venezuela aún no ha sido calificada, de forma unánime, como un Estado fallido cada día crecen sus credenciales para ser calificada como tal.

Por Venezolano Anónimo

Fuente: www.juandemariana.org