El científico cognitivo Steven Pinker, en su libro Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones, demuestra que el mundo de nuestros días es menos violento que en el pasado y que las posibilidades de ser asaltados o asesinados ha ido disminuyendo durante siglos. Incluso, en el siglo XX, con sus dos guerras mundiales, las cifras han sido inferiores que en siglos anteriores y que los porcentajes de homicidio en Europa se han dividido por 30 desde la Edad Media, de aproximadamente 40 personas por cada cien mil en el siglo XIV a 1,3 al final del siglo XX. Pinker asegura que la evolución social ha reducido los incentivos para la agresión y el crimen. Resaltando que ahora se imponen valores asociados al individualismo, el cosmopolitismo, la razón y la ciencia que conducen a un declive de la violencia de magnitud enorme y que convierten el período actual en el más pacífico de la historia.

Por otro lado, el ensayista económico de origen sueco Johan Norberg, en su más reciente libro, Progreso, editado por el Instituto Juan de Mariana, ha reconocido que los estudios de Pinker han servido de inspiración para su acercamiento al estudio de la evolución histórica de la violencia. Sostiene con abundantes citas cómo ha ido declinando la violencia, a pesar de que aún existen en el mundo algunas formas de tortura, principalmente en el marco de regímenes dictatoriales. En épocas tan remotas, según Norberg, como los siglos XIII y XV, la tasa de homicidios de las regiones más desarrolladas de Europa había pasado a oscilar de entre 30 y 40 muertes anuales por cada cien mil habitantes. En países como Estados Unidos, donde la criminalidad suele ser mayor que en Europa, la tasa es de 5 casos por cada cien mil habitantes. Ya la tasa Europea había caído en el siglo XVIII a 3,2 muertes por cien mil habitantes. Entre otros factores, Norberg atribuye esta reducción al aumento en la esperanza de vida, la caída de la mortalidad infantil, las libertades civiles, el auge del mercado libre, la democracia, etc. Todos estos elementos han logrado que valoremos más la vida y adoptemos aptitudes más humanitarias e interesadas en la seguridad.

Sin embargo, en algunos países, aunque no están sometidos al flagelo de la guerra, se registran en la actualidad tasas alarmantes de muertes por causas violentas, lo cual no contradice las investigaciones de Norberg y Pinker, sino que convierten a estos países en lamentables excepciones. En el caso particular de América Latina, encontramos los casos de México, Honduras, El Salvador y, más recientemente, Venezuela.

El caso venezolano es digno de analizar, dado que en un período relativamente corto de menos de 20 años pasó de tener una cifra de 4.550 muertes en 1998 a la aterradora cifra de 26.616 muertes violentas en el año 2017, para una tasa de 89 muertes por cada cien mil habitantes, una tasa diez veces mayor al promedio mundial. Ya en 2009, sólo en Caracas la tasa había sido de 140 asesinatos por cada cien mil habitantes, lo que la convirtió en la ciudad más violenta del planeta. Cifras como estas resultan difíciles de digerir, si las comparamos con las mostradas por Norberg para épocas tan lejanas como la Edad Media. Estas estadísticas ubican a Venezuela como el segundo país más violento e inseguro del planeta, solo superado por El Salvador.

La sensación de inseguridad personal y miedo al entorno comienza para cualquier viajero al bajarse del avión en el Aeropuerto de Maiquetía, considerado uno de los más peligrosos del mundo. Si el pasajero se dirige a Caracas, deberá tomar precauciones tales como guardar su teléfono celular fuera de la vista del público y despojarse de las prendas de valor. En caso contrario deberá exponerse a que un motorizado en cualquier atasco del tráfico le toque la ventanilla al vehículo y le exija, pistola en mano, entregarle todas sus pertenencias. Son frecuentes los casos de pasajeros atracados en la peligrosa vía Aeropuerto-Caracas, con no pocos casos de homicidios por resistencia al atraco. Ahora las bandas organizadas operan también durante el día y usan fusiles libremente por las calles, dedicándose al secuestro y al pillaje.

En un breve recorrido por cualquier ciudad del interior del país es notoria la cantidad de casas enrejadas y  urbanizaciones cerradas. Dentro de las mismas urbanizaciones ahora se cierran las calles con puestos de vigilancia individuales. Cada día el venezolano se resguarda más, convirtiéndose en una especie de prisionero en su propia casa. En los locales comerciales las medidas de seguridad van desde el enrejado metálico, cerraduras herméticas, cámaras de seguridad, alarma y vigilancia privada. Sin embargo, los atracos están a la orden del día y la mayoría de las veces no se denuncian porque no se toma ninguna acción en casos de menor importancia en un país donde existe el 95% de impunidad y hay una alta probabilidad de que en los robos y atracos a mano armada estén involucrados agentes de seguridad pública. No es extraño que los delincuentes se disfracen de policías o guardias nacionales y estos últimos participen directamente como delincuentes.

Para el chavismo que gobierna el país desde 1999 la inseguridad nunca ha sido un tema relevante. Desde inicios de su gobierno, el presidente Chávez sostenía que la violencia y el robo eran producto del hambre del pueblo. Hoy casi 20 años después no hay duda de que el hambre, el desempleo y los males que se han potenciado sí están influyendo en las cifras de criminalidad. Hay una estrecha relación entre la desmejora en la calidad de vida del venezolano, la violencia y la disolución del Estado de derecho.

En Venezuela no solo ha aumentado la violencia, que siempre había estado presente en sus múltiples formas. Ahora, el robo de mercancías en  supermercados y abastos, a veces en forma de saqueo, es una práctica frecuente, que suele ser auspiciada por el Estado, por supuesto con absoluta impunidad. El robo ahora se manifiesta en sus formas más ruines, resultando peligroso dejar el vehículo en un estacionamiento porque lo podemos encontrar sin baterías, neumáticos y hasta sin el aceite del motor. En el campo, probablemente, es donde más notoria es la componenda entre los corruptos cuerpos de seguridad y el hampa común, el desmantelamiento de los hatos  y la sustracción de ganado han diezmado la ganadería en Venezuela, notándose desolación donde antes había una próspera actividad económica. Esto es aún más visible en la frontera, donde la narcoguerrilla ahuyenta y arruina a los productores. Este sector también ha sido uno de los más afectados por las políticas comunistoides del chavismo, habiéndose expropiado las mejores tierras y los hatos más prósperos sin derecho a indemnización en la mayoría de los casos.

En las cárceles, bajo la mirada complaciente de las autoridades, se ha formado una nueva jerarquía entre los presos, naciendo la figura armada del pran (jefe de la mafia carcelaria), quien domina a los internos, exige un pago para su protección y desde la cárcel dirige bandas de extorsionadores que dominan los sindicatos de la construcción y exigen, bajo amenaza de muerte,  el pago de vacuna a los constructores y empresarios para controlar el empleo de personal en las obras civiles). Mientras tanto, el gobierno protege a sus propios delincuentes armados, conocidos como colectivos, los cuales son grupos civiles paramilitares dispuestos a matar por defender al gobierno, como lo hicieron durante las protestas pacíficas de la oposición el año pasado.

Todo esto sucede en un país que tiene dos fiscalías, dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos, pero no tiene un Estado de derecho con la dignidad de representar a la comunidad y donde ésta no sabe si temer más al delincuente o a las fuerzas de seguridad. Venezuela es  un  país donde las principales figuras del gobierno y la cúpula militar están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos acusadas de nexos con el narcotráfico y usan el poder del Estado para delinquir. Es ilustrativo el caso de los sobrinos de la esposa de Maduro, quienes están siendo juzgados en los tribunales norteamericanos al ser detenidos en un avión con 800 kilos de cocaína y pasaporte diplomático. La figura más representativa de la administración de justicia es  el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien estuvo involucrado en un caso de homicidio y está acusado de corrupción con un largo expediente policial. Y el vicepresidente de la república, Tarek El Aisami, es acusado por el Departamento del Tesoro norteamericano de estar relacionado con el tráfico de drogas.

Hay suficientes evidencias para descalificar la calidad de la justicia en el país. Han fracasado 23 planes de seguridad desde 1998, los cuales van desde el otorgamiento de “zonas de paz” a los delincuentes hasta los enfocados a políticas de exterminio, como los recientes OLP (Operación de Liberación del Pueblo), que no presenta resultados palpables de reducción del delito a pesar de que, según el director del Observatorio venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, en 2017 los cuerpos policiales causaron la muerte de 15 venezolanos por día. Ciudades como Caracas, Maturín y Valencia siguen apareciendo en la lista de los lugares más violentos del mundo.

Mientras tanto el gobierno venezolano refuerza su imagen de Estado forajido, recurriendo a prácticas extrajudiciales de ajusticiamiento, como la reciente masacre cometida contra el policía opositor Oscar Pérez y su grupo, lo cual llevó al diario alemán Spiegel Daily a calificar a Maduro como El Carnicero.

El socialismo del siglo XXI sigue empecinado en imitar a los socialismos reales del siglo XX, que acumularon ríos de sangre y entraron a la historia por conducir a la ruina económica a sus países pero también por sus cantidades ingentes de asesinados y desaparecidos.

Fuente: https://www.juandemariana.org/