Los artículos de opinión que circulan por las redes sociales relacionados con la crisis por la que atraviesa Venezuela, en su gran mayoría, tratan de explicar la carestía alimentaria y la confrontación política como los mayores problemas que debe solucionar este desdichado país. En fecha reciente, sin embargo, ha empezado a tomar cuerpo un tema nada despreciable de ser tomado en consideración, como lo es la escasez de medicamentos, la cual, conjuntamente con la crisis hospitalaria y la delicada situación epidemiológica, hace de la salud un área tan crítica que un exministro del régimen la ha calificado como “africanización del país”. En la utopía socialista que quiso crear Hugo Chávez, financiada por los altos precios del petróleo, en la que el Estado manejaba todo y en la que se suprimía el sistema capitalista, el sueño se ha desmoronado y ha explotado la burbuja socialista por uno de sus flancos más dolorosos, la salud.

La escasez de medicina no es un caso especial ni un hecho aislado dentro de la crisis general que afecta a Venezuela. Si para conseguir víveres se requiere de un esfuerzo extraordinario, y cuando se consiguen hay que enfrentarse a la dura realidad de la inflación y el manejo del escaso efectivo, en materia de medicamentos la realidad suele ser más cruda aún. Enfermos de cáncer, portadores del VIH, hipertensos y diabéticos, pacientes trasplantados, entre otros, peregrinan diariamente por las diferentes farmacias y centros de salud del país en busca de las medicinas indispensables que les garanticen la supervivencia. En caso de no obtenerlas por esa vía, lo cual es casi seguro, deben recurrir al mercado negro o buscarlas en otro país.

La Federación Farmacéutica de Venezuela estima en un 86% la escasez de medicina, mientras tanto el gobierno niega los dólares a la Industria farmacéutica e impide que estos se importen libremente y se expendan en las redes de farmacias. Con la drástica reducción de las importaciones a la irrisoria tasa de 10 bolívares por dólar, que aún mantiene el gobierno para medicinas y comida, los pacientes han visto cómo la salud ha sido atacada por la hiperinflación que afecta el resto de la economía. De esta manera, una caja de medicamentos para la hipertensión que hace unos meses podía adquirirse por mil bolívares, ahora está empezando a conseguirse en el mercado a precios regidos por el dólar libre. Una caja de antihipertensivos puede costar ahora entre 150.000 y 200.000 bolívares para un tratamiento de un mes, lo cual consume completo el sueldo mensual de cualquier trabajador. En caso de no conseguirse en el mercado nacional, lo cual sucede con frecuencia, ese mismo medicamento habría que adquirirlo en el exterior, haciendo malabarismos, evitando que la Guardia Nacional lo decomise en las aduanas, a un precio de 10 dólares, equivalente a un millón de bolívares, es decir, más de cinco meses de salario mínimo.

Esta situación explica los casos crecientes de muerte por ACV (accidentes cerebrovasculares) que se están registrando en el país. Por ejemplo, una caja de Olanzapina o Zyprexa, que tiene en Madrid el precio de 103 euros, debería venderse en 1.000 bolívares, pero como tampoco se facilitan los dólares para medicamentos antidepresivos, su precio al cambio son 10 millones de bolívares Un trabajador necesita 70 salarios mínimos para adquirir esta medicina. Esto explica que los pacientes psiquiátricos en Venezuela sean una de las grandes víctimas de esta espantosa crisis que asola al país. Este tipo de pacientes están siendo desalojados de los centros asistenciales, donde son atendidos bajo régimen residencial debido a que han cerrado hasta los comedores  por falta de presupuesto, deterioro extremo de la infraestructura y escasez de alimentos y medicinas. Por  eso vemos ahora como estos venezolanos mendigan por las calles de las principales ciudades.

La Federación Médica de Venezuela señala que los 300 hospitales públicos del país solo cuentan con un 3% de insumos necesarios para tratar a los pacientes: medicamentos tan vitales como los usados para tratar la diabetes son casi imposibles de encontrar y su escasez subió a 95%. Asimismo, la ONG Médicos por la Salud, denuncio que al 81% de los hospitales les falta material médico quirúrgico, catéteres o sondas, el 86% tienen los equipos de rayos x dañados, en el 94% los tomógrafos están averiados y en el 44% de esos hospitales los quirófanos están cerrados.

La escasez de material médico es tan crítica que los pacientes deben realizar sus exámenes médicos de rutina, tales como un perfil 20 o una hematología, a un  precio que puede alcanzar el millón de bolívares, porque en los hospitales públicos no se encuentran los reactivos, insumos ni material para realizarlos. A veces estos centros no cuentan ni siquiera con los microscopios. Por esta razón la mayoría de los hospitales no está realizando ningún tipo de estudios biológicos. Esta situación se está expandiendo al resto del sistema, de tal manera que hasta los centros privados carecen ya de los medios necesarios para realizar dichas pruebas y los pacientes deben montar el mismo operativo que suelen usar para conseguir medicinas y alimentos, recorrer una a una las calles hasta conseguir a alguien que realice, aunque sea parcialmente, dichas pruebas.

Este cuadro tan desolador ha venido a agravarse en los últimos meses con un nuevo ingrediente, la desnutrición infantil. Este flagelo que ha golpeado al segmento más vulnerable de la población ha reaparecido en el país y con  alarmante crudeza. La jefa del Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del hospital J.M. de Los Ríos, Ingrid Soto, indicó recientemente que en 2015 había evaluado a 30 pacientes con desnutrición grave y en el año 2016 la cifra fue de 110. Esto se suma a los casos de desnutrición de los padres que tienen que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos. La conocida nutricionista Susana Raffali, ha denunciado que la muerte por desnutrición en hospitales aumentó un 260%. Asevera que en el país existe un índice de 5% de desnutrición, lo cual enciende las alarmas.

Aunque no hay cifras oficiales que permitan hacer seguimiento a estos casos y tener una idea cierta de la magnitud de la tragedia que ha provocado el deslave de la economía en Venezuela, casi a diario aparece en los titulares de prensa la noticia de niños muertos por hambre en los hospitales nacionales. La semana pasada se anunció, en el diario El Nacional, la noticia de que cuatro niños murieron por contaminación de la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal, e igualmente se anunciaba en distintos medios que al menos 11 niños habían muerto en los últimos 40 días. Todos acusaban un cuadro de desnutrición severa.

El ex ministro de salud José Félix Oletta, según el diario El Correo del Orinoco, sostiene que la tasa de mortalidad en Venezuela de niños y madres se incrementó de 14,7 fallecidos en 2013 a 18,6 por cada mil nacidos vivos en 2016. Esto significa que hemos retrocedido a las cifras que se registraron en el país hace 59 años. Esa era la mortalidad para el año 1957. Mientras tanto, el número de madres  pasó de 68 parturientas fallecidas por cada 100.000 habitantes a 130 para esos mismos años.

La salud no puede ser una excepción en un país que ha visto decrecer un 30% su PIB en los últimos cuatro años y una inflación que supera el 2.000% anual. El tema de las medicinas viene a hacer aún más trágica la vida de los venezolanos. Pero cuando hablamos de salud no solo hablamos de medicinas, también hay que mencionar que en Venezuela lo que está en crisis terminal es el sistema de salud en general. Basta recorrer un hospital de cualquier ciudad de Venezuela y observar su fachada, su emergencia, la basura, las moscas, las ambulancias destartaladas debajo de un árbol o de un techo improvisado porque no hay un repuesto, un caucho o una batería. Las parturientas amontonadas en los pasillos, los heridos y los enfermos de paludismo en la misma área esperando ser atendidos. Parece un país en guerra.

Así como está el sector público, los hospitales y ambulatorios del Estado, también se va tornando el paisaje de los centros privados de salud. No es extraño que en una emergencia de una clínica privada también exijan que los pacientes lleven sus jeringas, gasas, antibióticos o cualquier insumo médico, que no funcione el aire acondicionado o que se vaya la luz. El gobierno, se ha encargado de que las clínicas privadas vayan pareciéndose a las públicas. Con su política de créditos forzados, precios regulados y pagos a largo plazo con una hiperinflación y una devaluación desatadas, las clínicas privadas van descapitalizándose y, por supuesto, desmejorando sus servicios. Se calcula que más de 20.000 médicos han dejado el país.

El cuadro es desolador, el socialismo del siglo XXI resultó ser el mismo del siglo XX.

Fuente: https://www.juandemariana.org/