Aunque teóricamente algunos autores sostienen que no es posible hablar de “terrorismo de estado”,  los que viven dentro de un régimen político tiránico saben que tal cosa sí existe.

El filósofo del derecho argentino Erenesto Garzón Valdés, filósofo del Derecho,  lo define así:   «El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de conocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder”.

¿Les suena?

Esta idea la podemos ampliar con lo que recoge este ensayo (file:///C:/Users/Humberto/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeTerrorismoDeEstado-3618445%20(1).pdf en donde se incluye la apreciación del experto en Derecho Esteban Maestre Delgado: «Quien ostenta el poder en un orden democrático de derecho pueda utilizar la violencia de manera indiscriminada contra sectores de población», lo cual parece a todas luces una contradicción, pero es indubitable que no lo es. La violencia legítima del Estado se tiene que usar por que así emana de la Constitución, por otra parte, la violencia ilegítima del Estado es anticonstitucional.

Es decir aquella en la que «los funcionarios estatales, actuando como tales y con la cobertura institucional de los órganos a que pertenecen», actúan en contra el orden establecido llevando a cabo acciones ilegales para eliminar la disidencia política. Y en esa orientación es totalmente posible, hablar de terrorismo y cuando sus autores son agentes del Estado mismo, es un terrorismo de Estado. De facto lo es; pero, principalmente, es y debe ser punible. La discusión es según, nuestra opinión, no tan estéril como parece; lo que pasa es que hay que concretar que el fin último del terrorismo de Estado, no es precisamente, la obstaculización, destrucción, etc., del Estado sino la perpetuación de los privilegios de quienes gobiernan ese Estado.

¿CÓMO SE DEBE JUZGAR?

Agrega, Garzón Valdés: “[…] la aplicación del Código Penal, con todas Ias garantías del Estado derecho democrático a los culpables que puede ser muchos pero nunca todos, como suponen quienes abogan por la reconciliación, ella es solo posible tras la aplicación de las penas.

[…]De esta manera se evitan las venganzas personales y la violencia social que suelen ser las consecuencias del fracaso de la acción punitiva que los ciudadanos encomiendan a los jueces en un Estado de derecho. Por ello, la aplicación de la ley no es algo que pueda estar sujeto a la discrecionalidad de las autoridades sino que es un deber constitucional ineludible”.

Si se produce una reconciliación sin castigo, concluye Valdés,  es probable que las heridas no curadas por la aplicación de la justicia penal se reabran y agudicen la frustración de las víctimas o se reduzca la fe en las ventajas del Estado de derecho. Consecuencias negativas que habría que evitar.