Muchas de estas ambiciones se vieron materializadas con la Ley 1/1998, de Política Lingüística, vigente hasta la actualidad. En su preámbulo alude a la “persecución” que ha sufrido la lengua catalana y la imposición legal del castellano durante más de dos siglos y medio. Entre sus objetivos están la regulación de los medios de comunicación, con el fin de asegurar la presencia del catalán en el espacio radiofónico y televisivo; la regulación de las industrias culturales, mediante el establecimiento de “cuotas lingüísticas”, entre otros instrumentos; y el establecimiento de una normativa lingüística destinada al mundo socioeconómico, para fomentar el uso del catalán en todos los campos en que, “por razones de mercado” u otras, no está muy difundido.

Pujol jugaba a dos bandas, mientras en Cataluña adoctrinaba a la población en el odio contra España, en Madrid prestaba su apoyo a los gobiernos de turno. Mantuvo una “intensa y productiva relación” con el socialista Felipe González (Presidente del Gobierno español 1982-1996) y con su sucesor, el conservador José María Aznar (1996-2004), a quien ayudó a investir como presidente tras la firma del célebre Pacto del Majestic.

Después de Pujol

En 2003, las tres principales fuerzas de izquierda de Cataluña: el PSC-PSOE (socialista), Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) establecieron un gobierno tripartito, toda vez que ninguno obtuvo la mayoría suficiente para gobernar en solitario. La presidencia de la Generalitat quedó en manos del socialista Pasqual Maragall, que llegó al poder con el objetivo de reformar el Estatuto Autonómico de 1979.

En 2005, el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía para darle a la región “un nuevo encaje” dentro del Estado español. Los cambios que introducía el Estatuto obedecían al guion pujolista: la denominación de Cataluña como “nación”, menciones a una supuesta relación “bilateral” entre Cataluña y España (como si de dos Estados se tratase), la ampliación de las competencias del gobierno autonómico y un nuevo sistema de financiación.

El nuevo Estatuto fue debatido por las Cortes Generales en Madrid, donde se le hicieron modificaciones, lo que despertó los recelos de partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, integrante del tripartito, y de Convergència i Unió. Las modificaciones incluían la eliminación de la palabra “nación” para referirse a Cataluña y la matización de los demás puntos: régimen fiscal y relaciones entre la Generalitat y el gobierno central. Así quedó aprobado el Estatuto, el cual fue ratificado en un referéndum el 18 de junio de 2006. A pesar de ello, el Partido Popular solicitó al Tribunal Constitucional que se pronunciara con respecto a la constitucionalidad de la norma.

En 2009, mientras el Tribunal Constitucional aún preparaba su respuesta definitiva, diversas entidades soberanistas organizaron una consulta por la independencia en 166 municipios catalanes, un instrumento sin carácter legal cuyo propósito era el de enviar a ese alto tribunal el mensaje de que si introducía nuevos recortes al Estatuto, la sociedad catalana se movilizaría a favor de la ruptura definitiva con España. La participación electoral se ubicó en un modesto 30%.

A finales de junio de 2010, el Tribunal Constitucional finalmente se pronunció. Su sentencia confirmó los temores de los nacionalistas. En total se recortaron 144 artículos, la mayoría de ellos relacionados con la identidad catalana y la administración fiscal. Desde entonces, el independentismo ha experimentado el crecimiento más grande de toda su historia. Días después de la comunicación del fallo judicial, se celebró una manifestación a favor del “derecho a decidir”. En las elecciones al Parlamento celebradas ese mismo año volvió al poder Convergència i Unió y su líder, Artur Mas (heredero político de Jordi Pujol), fue investido como nuevo presidente de la Generalitat.

Las semillas de resentimiento sembradas por Pujol habían germinado. En 2012, comienza formalmente el proceso soberanista de Cataluña. En septiembre de ese año, el Parlamento aprueba una resolución para la celebración de una “consulta” sobre el futuro político de la región. Artur Mas adelanta las elecciones previstas para 2014 y vuelve a obtener la mayoría (aunque menor que la obtenida en 2010).

Mas se encargó de aplicar los últimos detalles del Programa 2000 con un marcado tinte radical. El adoctrinamiento se impuso con toda su fuerza, la discriminación contra el castellano (símbolo de la odiada España) y la creación de una poderosa red de paradiplomacia para difundir las mentiras del separatismo a nivel internacional contando para ello con el financiamiento de poderosos y malvados socios.

La consulta planeada por Mas no pudo celebrarse, en su lugar se realizó un “proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña” el 25 de noviembre de 2014. La participación rondó el 37% del censo electoral. En 2015 se celebraron elecciones anticipadas que el independentismo interpretó como “elecciones plebiscitarias” sobre la independencia de Cataluña. En esta ocasión, Convergència i Unió y Esquerra Republicana, tradicionales rivales, se presentaron junto a otras fuerzas independentistas menores en una sola coalición electoral: Junts pel Sí (Juntos por el Sí), que se llevó la mayoría de los votos.

A pesar de los resultados, Junts pel Sí no obtuvo la mayoría suficiente para gobernar por lo que tuvo que buscar el respaldo de la CUP, un partido de extrema izquierda. Una de las condiciones del acuerdo era que Artur Mas declinara su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En su lugar, fue investido Carles Puigdemont, del mismo partido de Mas, pero a quien la CUP veía con más simpatía.

Con Puigdemont al frente, el proceso soberanista entró en su etapa final. El único objetivo del nuevo presidente sería el de crear un Estado catalán independiente en forma de república y dentro de la Unión Europea – recordemos que el europeísmo estaba consignado en el plan de Pujol –. En octubre de 2016, el Parlamento catalán insta al gobierno autonómico a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia, a más tardar, en septiembre de 2017.

El 9 de junio de 2017, el gobierno autonómico anunció que el referéndum se celebraría el 1 de octubre. De esa manera, se consumó el mayor desafío a la legalidad española en la historia reciente del país, pues la Constitución española no contempla la posibilidad de la secesión de alguna región por medios democráticos. El 28 de agosto, el Parlamento subió el tono al desafío al aprobar la “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, el marco legal que orientaría el proceso de transición de Cataluña a un Estado independiente, asegurando la continuidad de la prestación de servicios públicos y el reemplazo ordenado de las administraciones. La ley se activaría en caso que la opción independentista se impusiera en el referéndum.

El referéndum estuvo plagado de irregularidades desde el comienzo. En primer lugar, sus organizadores accedieron de manera ilícita a bases de datos estatales para la creación del censo electoral, lo que supuso el robo de la información personal de millones de personas.

El día de las votaciones, un segmento considerable de la población no acudió a las urnas al considerar que el proceso estaba viciado, quienes lo hicieron podían emitir su voto más de una vez, en cualquier centro de votación y sin necesidad de estar empadronado en algún municipio. A esto se le sumó la ola de violencia desatada ese día, entre las fuerzas de seguridad del Estado español que, es necesario reconocerlo, cometieron un abuso de poder y masas alienadas de catalanes. Ningún funcionario del gobierno autonómico sufrió la represión.

Como era de esperarse el Sí obtuvo la victoria. Días después, el presidente Puigdemont firmó una Declaración Unilateral de Independencia para luego solicitar al Parlamento que la dejase sin efectos, mientras establecía puentes de diálogo con Madrid para llevar a cabo una transición ordenada y pacífica.

Los independentistas han creado fracturas artificiales en la sociedad catalana, generando un clima de tensión social que España no se merece. Verbigracia, la banda terrorista ETA ha tomado nota del procés y ha animado a replicarlo en Euskadi, amenazando así la paz que ha conseguido esta región en los últimos años.

A los amantes de la libertad de todo el mundo les debe quedar claro que el proceso soberanista catalán es una quimera, el resultado de uno los ejercicios más despiadados de ingeniería social en la historia contemporánea de Occidente. Como hemos tratado de explicar en estas líneas, su ADN es el totalitarismo. El gobierno catalán es lo que Josep Tarradelas – último presidente de la Generalitat en el exilio – definiera como una “dictadura blanca”, “que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte”. Estas palabras proféticas las dirigió contra Pujol en 1985.

No hay ningún liberalismo en el procés. En la primera entrega vimos que las naciones son realidades sociales evolutivas que surgen y se desarrollan de manera espontánea. En la visión liberal del nacionalismo es inconcebible la utilización de la coacción para imponer determinados comportamientos de tipo nacional. Cualquier esfuerzo en esa dirección estará condenado al fracaso, pero el intento dejará profundas heridas en la sociedad.

Autor:  David Chávez Salazar. Economista, Bogotá. Colaborador del Mises Institute y Econintech.

Este artículo refleja exclusivamente el punto de vista del autor y no compromete el pensamiento ni la opinión de Econintech.