Al momento de escribir esta columna el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunciaba que removerá al gobierno autonómico catalán e iniciará un proceso para gobernar la región desde Madrid. Ésta fue la respuesta al desafío independentista planteada por Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña.

En los entornos libertarios el proceso soberanista catalán ha gozado de un respaldo considerable al considerarse que la secesión de Cataluña supondría una fragmentación del monopolio territorial ejercido por el Estado español. Ésta es una razón bastante ingenua, porque, como afirma el abogado español Javier Pérez Bódalo, si bien el Estado es malo, tratando de fracturar uno concreto no se va a conseguir su desaparición como entidad política.

Por otra parte, es improbable que la Cataluña independiente se vaya a convertir en una Sociedad de Derecho Privado, como desearíamos los anarcocapitalistas, o por lo menos en una sociedad de Estado mínimo, como desearían los minarquistas. El ADN del procés es el totalitarismo, se trata de un proyecto de ingeniería social y su norte es el debilitamiento de las libertades. Un libertario no debería apoyar lo que se está maquinando en aquella región de España. A continuación, intentaré esbozar una crítica libertaria de los tres aspectos del procés: la ideología que lo inspira, la forma en la que se ha venido desarrollando y el resultado esperado.

Los fundamentos ideológicos del procés

El independentismo catalán [1] está basado en un nacionalismo de carácter “centrífugo”, que es aquel que pretende la secesión de una parte del territorio de un Estado habitado por una población con características diferenciadoras del grupo nacional considerado mayoritario, las cuales pueden ser de tipo social, lingüístico, histórico y/o cultural.

En el independentismo catalán existen dos vertientes: aquella que propone la secesión de Cataluña a partir de los límites actuales de la comunidad autónoma, y la “pancatalanista” que plantea la integración de los denominados Països Catalans (Países Catalanes) en una gran federación independiente de España y al margen de organismos supranacionales como la OTÁN y la Unión Europea. En esta utopía participarían la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la Franja de Aragón y la región del Carche (Murcia), en España; el territorio histórico del Rosellón, en Francia; el Principado de Andorra; y la ciudad de Alguer en la isla italiana de Cerdeña.

Los independentistas fundamentan sus reivindicaciones en el principio de autodeterminación, el cual establece que los pueblos tienen a derecho a decidir por sí mismos su organización política interna y su lugar en la comunidad internacional de Estados de acuerdo con el postulado de la igualdad soberana. En el ejercicio de este derecho, un pueblo puede decidir la conformación de un Estado independiente, la integración a uno ya existente, la libre asociación o la adquisición de cualquier otro estatus político decidido democráticamente por la población. Estas ideas han sido grabadas a sangre y fuego por los independentistas bajo la consigna “Som una nació. Nosaltres decidim” (Somos una nación. Nosotros decidimos).

El mantra separatista se sostiene en un discurso victimista. Los separatistas saben que para lograr sus objetivos deben despertar las pasiones más bajas de la población, con el fin de generar un clima de tensión social que puedan usar a su favor. Un hecho que no se ha explicitado hasta ahora es que el movimiento independentista está en el poder y su discurso se ha convertido en santa palabra. Es en este punto donde cobra todo el sentido la definición de totalitarismo ofrecida por Henry Hazlitt: “(el totalitarismo) pertenece a una forma centralizada de gobierno en la que los que están al mando no conceden reconocimiento ni tolerancia a partidos de diferente opinión”. Por “partidos”, también se entiende a todas aquellas asociaciones o individuos particulares que osen desafiar el discurso oficial de la Generalitat.

Pero, ¿qué es lo que dice exactamente ese discurso? Tres cosas, principalmente:

  • Espanya ens roba (España nos roba). El esquema de financiación autonómico impone una carga fiscal desproporcionada e injusta sobre Cataluña. Esta situación, denominada por los independentistas como “expolio fiscal”, sería el resultado de una discriminación deliberada por parte del Estado español.

Esta consigna es un rechazo al principio de “solidaridad interterritorial” en el que está basado el sistema de financiación autonómico español, en donde los recursos que se extraen de las regiones más ricas, como Cataluña, son invertidas en las más pobres. Allí, los únicos que ganan son los corruptos partidos políticos, que se llevan una buena tajada de las inversiones.

  • Cataluña fue un país. Los independentistas sostienen que Cataluña es una nación milenaria, los más osados llegan a extremos ridículos como el de afirmar que Cataluña es la “primera nación del mundo” o que fundó el Imperio Romano.

En cuanto a su constitución como Estado, algunos historiadores nacionalistas afirman que Cataluña fue independiente en el pasado según las circunstancias políticas e históricas de cada momento, desde el siglo XI hasta el XVIII fue un Estado, “entendiendo lo que era un Estado independiente en aquel momento”. Esta tesis se sustenta en la existencia histórica de instituciones y constituciones catalanas.

  • Cataluña es una nación oprimida desde 1714. Éste es probablemente el año más importante en la narrativa independentista, pues fue el año en el que supuestamente Cataluña desapareció como nación independiente con la abolición de sus fueros y constituciones (los Decretos de Nueva Planta) por parte de Felipe V en el marco de la Guerra de Sucesión – de Secesión para los independentistas –.

Una posible réplica libertaria

Comencemos por una definición de “nación”. Según Jesús Huerta de Soto es un subconjunto de la sociedad civil, un orden espontáneo y vivo de interacciones humanas que está constituido por una serie de comportamientos pautados de naturaleza lingüística, cultural, histórica, religiosa e incluso racial. Nótese que este concepto encaja perfectamente con la teoría sobre el origen, naturaleza y desarrollo de las instituciones sociales propuesta por los austriacos. Al aplicar estas ideas al caso que nos compete, podemos coincidir con el separatismo en que Cataluña es una nación, pero hasta ahí llegan las coincidencias.

La crítica se dirige al “principio de autodeterminación” invocado por los separatistas, el cual se ejerce a través de una acción colectiva por parte de determinados grupos territoriales, ya sea para liberarse de otros, para permanecer como entidades independientes o para unirse a un tercer grupo.

Gracias a la praxeología, sabemos que toda acción racional es en primer lugar acción individual. Sólo el individuo piensa. Sólo el individuo razona. Sólo el individuo actúa. De ahí que resulte ilógico hablar de “acciones colectivas”.

A partir de esta perspectiva praxeológica, Mises introduce una visión del principio de autodeterminación en clave individualista, al afirmar que “no es el derecho de autodeterminación de una unidad nacional delimitada, sino más bien el derecho de los habitantes de cualquier territorio a decidir a qué Estado desean pertenecer”. Ningún individuo debería mantenerse contra su voluntad en una asociación política en la que no quiere estar.

Sin embargo, Mises comete el mismo error que los seguidores de la visión colectivista del principio de autodeterminación, al afirmar que la única manera de dirimir la pertenencia a un Estado es a través de un mecanismo democrático como puede ser el plebiscito.  En caso de obtener mayoría la opción secesionista, los deseos de la población deben respetarse y se deben cumplir.

El planteamiento de Mises no es compatible con la oportuna interpretación individualista que él mismo ha hecho del principio de autodeterminación. La democracia es una expresión del colectivismo y es ajena a la propia idea de la libertad. El voto de la mayoría al que se refieren Mises (y los separatistas catalanes) es un caldo de cultivo para el conflicto y de ninguna manera permite el ejercicio de la libertad de asociación.

Para ilustrar este punto, revisemos los sucesos del pasado 1 de octubre, día en el que se celebró en Cataluña un referéndum para “decidir” el futuro político de la región.  Según el gobierno catalán, la opción independentista se alzó con la victoria al obtener un poco más del 90% de los votos, la opción de la permanencia en España obtuvo aproximadamente el 8% y los votos en blanco sumaron cerca del 2%. Este proceso estuvo lleno de irregularidades, como la posibilidad de votar más de una vez, en cualquier centro de votación y sin necesidad de estar empadronado en un municipio catalán. Así mismo, muchos ciudadanos que no están a favor del procés no salieron a votar, al considerar ilegítimo el referéndum. Al final de la jornada la impresión que quedó fue que “Cataluña decidió independizarse de España”.

Supongamos ahora que el referéndum se haya realizado bajo las condiciones normales de cualquier proceso electoral: tener un centro de votación fijo, estar empadronado y votar una sola vez. Aún si la opción independentista se alzara con la victoria, con el 90, el 70 o el 51% seguiría siendo absurdo afirmar que “Cataluña decidió independizarse de España” y que, por ende, se debe respetar su voluntad. De nuevo, las entidades colectivas no actúan, son los individuos.

Por otra parte, en caso de que se respetara la voluntad imaginaria de Cataluña y se produjera la independencia, ¿qué pasa con aquellos catalanes que quieren seguir dentro de España? O ¿con aquellos que no quieren seguir dentro de España pero tampoco pertenecer a un hipotético Estado catalán? En ese caso, los habitantes que constituyen la mayoría pro-independencia estarían sometiendo a aquellos que apoyan otras opciones (mantenerse en España o vincularse a un tercer Estado) a pertenecer a una asociación política de la que no quieren ser parte. Por lo tanto, la única manera en la que podrían resultar compatibles la democracia y la libertad de asociación es que el 100% de los catalanes estén a favor de separarse de España para constituir su propio Estado. Ciertamente, éste es un caso totalmente improbable.

Recapitulando un poco, vimos que Mises acepta la autodeterminación a nivel individual pero argumenta que por consideraciones “de orden técnico” sería impracticable otorgar ese derecho a cada persona en particular. Esta contradicción se debe a que piensa en términos territoriales, resultando inconcebible que un individuo pueda integrar por sí solo una unidad administrativa pues tendría que asumir las funciones de seguridad y justicia de la porción de tierra que le pertenezca.

Afirma Rothbard que una vez admitido algún derecho de secesión, no existe ningún tipo de limitaciones lógicas para las secesiones individuales.  Y esto desemboca, obviamente, en el anarquismo, ya que los individuos pueden secesionarse y montar sus propias agencias de defensa, con la consiguiente desintegración del Estado. Una agencia de defensa puede prestar sus servicios sin necesidad de estar vinculada a un territorio. De esa manera se concibe un modelo de secesión no territorial, corrigiéndose así la deriva colectivista de Mises. Conviene mencionar que existen distintas propuestas de gobernanza no territorial, las cuales serán abordadas en otro apartado.

Autor:  David Chávez Salazar. Economista, Bogotá. Colaborador del Mises Institute y Econintech.

Este artículo refleja exclusivamente el punto de vista del autor y no compromete el pensamiento ni la opinión de Econintech.