Es normal alegrarse con las medidas que recientemente han tomado los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en contra de funcionarios de la administración de Maduro, e incluso contra el propio presidente venezolano, pero todos deben tener claro que no son suficientes para lograr cambios políticos significativos dentro del país.

Las sanciones son severos castigos y a los señalados se les golpea en su punto más débil que es el uso y disfrute de sus bienes (mal habidos). Además, al estar vinculadas a violaciones a los derechos humanos, las sanciones son una mancha difícil o imposible de limpiar. Pero no son suficientes.

 

Y no lo son porque internamente en Venezuela no hay posibilidades de dar cauce político a través de métodos democráticos (ni ningún otro método) al descontento popular. Mientras las condiciones de vida se deterioran de forma dramática para los venezolanos los dos lados del espectro político juegan a ignorar la gravedad de la situación y mientras unos ejercen el poder con la irresponsabilidad que los caracteriza, los otros se preparan para ir a unas elecciones tratando de hacer campaña como si vivieran en un país normal.

 

Arturo Uslar Pietri señalaba en los años 90 que parte del problema que había sumido a Venezuela en el atraso era que tanto quienes ejercía funciones de gobierno como la oposición se alimentaban de los frutos de la renta petrolera y por lo tanto sus conductas, propuestas y decisiones terminaban siendo las mismas. 20 años después la situación no ha cambiado.
Además las sanciones cohesionan a un régimen que desprecia a la opinión pública y lo fortalecen en su empeño de actuar de forma despótica contra su propio pueblo pues son usadas como justificación para victimizarse y continuar castigando a lo que el chavismo llama “el enemigo interno” que no es otra cosa que la ciudadanía que sufre y padece las consecuencias de las decisiones deliberadamente erradas que toma el gobierno de Maduro.