La propiedad privada y la acción humana son necesariamente anteriores al Estado y, cabe decir con certeza, que son la base de todo ordenamiento jurídico. El Estado de Derecho no requiere de un Estado para garantizar un estado (una situación) de derecho. Más bien, podemos asegurar que sólo sin Estado podremos empresarialmente descubrir el mejor derecho.
Uno de los rasgos más característicos de nuestra época es la muy difundida idea de que el derecho es un conjunto de normas que el poderoso impone al débil. No importa tanto su contenido como el acto de fuerza por el que prevalece; su rasgo característico es la coacción, no la utilidad de las normas. Lo más curioso del argumento es que, al momento que ponen el acento en la irrelevancia de su contenido y en la necesidad de imponerlo por la fuerza, aseguran que el derecho es la precondición de una sociedad libre: sin normas no hay mercado.
En otras palabras, estos teóricos socialistas del Derecho consideran que la sociedad nace de las relaciones coercitivas implantadas por un jerarca supremo. Sin una mente consciente, respaldada por un ejército, no hay normas y sin normas no hay relaciones.
La realidad es bien distinta; la acción humana libre y su propiedad deben marcar el comienzo de todo análisis teórico e histórico. Las relaciones anteceden necesariamente a las normas, de hecho, las normas son fruto de las relaciones. Una norma no es más que una expectativa a que otro individuo actúe de una forma determinada, expectativa que puede surgir de las promesas (ius –derecho en latín- proviene etimológicamente de iurare, jurar) o de las costumbres, esto es, de comportamientos idénticos pasados.
Si la tesis socialista fuera cierta, es decir, si la propiedad privada naciera de un ordenamiento previo estatal, no queda claro cómo ese Estado podría haber llegado a nacer. ¿De dónde hubiera obtenido los ingresos para pagar a los soldados, a los funcionarios y a los jueces, si no existían propiedades que gravar?
En verdad, los socialistas sólo pretenden justificar que la propiedad privada es un privilegio concedido por el Estado a los individuos, gracias a su legislación y a su protección policial y, por tanto, un privilegio que está subordinado a todas las eventualidades y cambios que su garante quiera infligirle.
Pero, como hemos visto, la propiedad privada y la acción humana son necesariamente anteriores al Estado y, cabe decir con certeza, que son la base de todo ordenamiento jurídico. Las normas no crean la sociedad, sino que la sociedad da paso a unas normas en continua evolución. Como dice Paolo Grossi: “La praxis construye día a día su Derecho, lo plasma y lo modifica según las exigencias de los lugares y los tiempos”.
Quienes quieren establecer una tajante distinción entre sociedad y derecho, creando una fuente autónoma de sabiduría normativa, olvidan que impedir a los individuos crear derecho a partir de sus hechos resulta equivalente a impedirles actuar. Un derecho de origen socialista sólo puede terminar en una sociedad completamente reglamentada y esclavizada.
El derecho no es un conjunto de mandatos revelados, sino de prácticas previsibles útiles para alcanzar los fines individuales a través de la cooperación humana. El Estado a través de sus mandatos coactivos sólo desplazada esos lazos voluntarios y cooperativos, destruyendo en la práctica la institución jurídica. De la misma manera que la planificación económica erradica el mercado, la planificación jurídica presente extermina el derecho.
El Estado de Derecho no requiere de un Estado para garantizar un estado (una situación) de derecho. Más bien, podemos asegurar que sólo sin Estado podremos empresarialmente descubrir el mejor derecho.
Y es que, si como hemos visto, la propiedad privada y la libertad son el origen del derecho, resulta iluso creer que un organismo que se asienta sobre la permanente violación de la propiedad privada y de la libertad pueda crear otra cosa que un derecho violentado y corrupto.
 Por Juan Ramón Rallo. Tomado de Miseshispano.org

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